Hace algunos meses el gobierno italiano aprobó la Ley 74/2025, que introdujo fuertes restricciones al reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia o “iure sanguinis”. Pero la norma fue impugnada ante la Corte Constitucional y podría ser anulada
Una ley recién nacida podría ser abortada por inconstitucional. “Y en el medio están tus derechos, tu historia y tu sangre”, señalan desde el Estudio italiano De.Martin & Asociados.
Italia enfrenta una grieta institucional sin precedentes desde la posguerra. La Ley 74/2025, recientemente creada para restringir el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia, fue impugnada ante la Corte Constitucional por el Juez Fabrizio Alessandria en una decisión que podría marcar un antes y un después en el derecho italiano y en la vida de millones de latinoamericanos en todo el mundo.
“Lo que se está jugando no es solo un trámite: es identidad, historia, memoria, linaje y justicia intergeneracional. Es la posibilidad de que una nación reconozca lo que ya eres por derecho de nacimiento. Pero la Ley 74/2025 pone todo eso en jaque”, señalan los especialistas del Estudio italiano De.Martin & Asociados, con más de 30 años de experiencia en ciudadanía italiana y litigios en tribunales del país.
Lo que se cuestiona de la Ley 74/2025
En un dictamen de alto impacto jurídico y social, el juez Alessandria señaló varios puntos de inconstitucionalidad:
1. Violación del artículo 3 de la Constitución italiana. La ley introduce una discriminación injustificada entre los ciudadanos italianos nacidos en Italia y los descendientes nacidos en el extranjero. Eso rompe el principio de igualdad ante la ley, ya que significa que un italiano nacido fuera de Italia sea tratado como “menos italiano” solo por su lugar de nacimiento.
La Ley 74/2025 fue impugnada ante la Corte Constitucional por el Juez Fabrizio Alessandria, y la decisión podría marcar un antes y un después en el derecho italiano.
2. Atentado contra el artículo 29. Al limitar la posibilidad de transmisión de la ciudadanía a hijos menores de edad nacidos antes de la regularización del A.I.R.E. (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero), se rompe el principio de unidad familiar y se afecta el derecho natural de los hijos a heredar la nacionalidad de sus padres.
3. Colisión con el artículo 10. La ley desconoce tratados internacionales a los que Italia suscribió en materia de derechos humanos y ciudadanía, con lo cual incumple con sus obligaciones internacionales.
4. Vulneración del artículo 117. La nueva normativa invade competencias legislativas exclusivas del Estado y de la Unión Europea, lo que genera un conflicto normativo grave.
La impugnación es un hecho histórico: es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un juez italiano argumenta con tanta contundencia que una ley de ciudadanía no respeta los principios constitucionales de la República. Este acto judicial marca el inicio de un proceso que puede terminar anulando toda la ley y devolviendo sus derechos a millones de descendientes italianos en el mundo.
¿Qué deben hacer ahora los descendientes italianos?
Desde el Estudio De.Martin & Asociados recomiendan:
Iniciar el trámite hoy: la Corte Constitucional podría tardar meses en decidir, entretanto existe la posibilidad de que los tribunales colapsen por la avalancha de amparos y juicios.
Aprovechar el vacío legal actual: si se actúa con celeridad, todavía es posible presentar solicitudes bajo el régimen anterior.
Iniciar el trámite judicial cuanto antes y aprovechar el vacío legal: esas son hoy las recomendaciones para los descendientes italianos.
“No se trata solo de trámites, se trata de recuperar lo que nos pertenece: nuestra identidad, nuestra historia, nuestras raíces. En momentos de incertidumbre legal, actuar con rapidez es también un acto de amor hacia nuestras generaciones futuras”, enfatizan desde el estudio.
Con sede en Italia, Argentina y España, De.Martin & Asociados lidera en procesos judiciales, administrativos para el reconocimiento de Ciudadanía italiana y residencias con una amplia trayectoria. Profesionales con transparencia en el orden jurídico y constitucional, con un enfoque humano, asistiendo y acompañando a cada particular a nivel global.
📎 Fuente: La Nación